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“Sistema escolar complicado”
Estudio de la UNESCO: sistema educacional chileno tiende a la discriminación
05-12-2011

El análisis indica que éste “está orientado por procesos de privatización, que tienden a causar segmentación, exclusión, discriminación y desencadenar mecanismos selectivos”.

El sistema educacional chileno tiende a la exclusión, la discriminación y la segmentación. Así lo señaló el estudio “El derecho a la educación: una mirada comparativa. Argentina, Uruguay, Chile y Finlandia”, elaborado por la Oficina de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago).

 

El ex relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación, Vernor Muñoz, quien lideró el trabajo, indicó que “si bien el derecho a la educación está incorporado al bloque constitucional de la mayoría de los países, se entiende de diferentes maneras. En Uruguay tiene más un sentido de utilidad pública, en Argentina tiene más un sentido de protección y garantía; y Chile está más cercano al fomento de actores claves vinculados con la libertad de enseñanza. Esto arroja una necesidad adicional que es construir un lenguaje común en torno al derecho de la educación”.

 

De acuerdo al estudio, entre los retos más significativos para Chile, destaca la debilidad de su legislación para hacer frente a la desigualdad.

 

Señala que a pesar de que existen estrictos procesos de supervisión y control, “el sistema que caracteriza la educación chilena está orientado por procesos de privatización, que tienden a causar segmentación, exclusión, discriminación y desencadenar mecanismos selectivos”.

 

El análisis enfatiza que “en el caso de Chile, llama la atención el portentoso mecanismo de subvenciones, indicativo de la existencia de un sistema escolar complicado en su institucionalidad y en su funcionamiento, que pareciera obedecer a tutelar, preferentemente, la libertad de enseñanza antes que a garantizar el derecho a la educación”.

 

Y agrega que “la subvención a escuelas particulares, como una práctica extendida, tiene el efecto de reducir la garantía de este derecho a la mera función de proveedor, pues a pesar de los controles que pudieran existir sobre la eficiencia y eficacia institucional y sobre el cumplimiento de los objetivos curriculares, la gestión educativa sale de las manos del Estado, por lo que en realidad se está en presencia de una delegación impropia de las obligaciones establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos.

 

Asimismo, señala que el tema de las becas y subvenciones caracteriza muy particularmente al sistema chileno. Postula que este sistema protege y beneficia a la iniciativa privada, excluyendo el concepto de educación como un bien público. Es por ello que las controversias relativas a este sistema, giran en torno a consideraciones económicas, apartándose del significado y propósito del derecho a la educación.

 

El estudio muestra que las legislaciones de Argentina y Uruguay son muy explícitas en restringir cualquier posibilidad de mercantilizar la educación.

 

Distinto es el caso de Chile, cuya Constitución puntualiza la protección del derecho preferente de los padres de educar a sus hijos e hijas. Así, la ley chilena deposita en los padres y las comunidades un alto nivel de responsabilidad en términos de asegurar la educación, impedir la discriminación u ofrecer una educación de calidad, en desmedro del rol del Estado que debiera ser el garante de este derecho.

 

Por esta razón es que el estudio recuerda los tratados internacionales firmados por Chile, en particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obliga a los estados en su artículo 2º, a tomar medidas “inmediatas y no postergables” para lograr gradualmente la gratuidad en la educación secundaria y universitaria.

 

Puede ver el estudio completo aquí.


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