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Sistema institucional chileno: cambiar para no lamentar
01-08-2011

Columna de Marcel Thezá, Doctor en Ciencia Política e Investigador Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas, Universidad de Los Lagos

Uno de los aspectos que define la singularidad de nuestro país en materia política es la radicalidad de sus paradojas. No nos cansamos de recordar que el sistema institucional chileno fue diseñado en un contexto dictatorial con el propósito de hacer cohabitar artificialmente el espíritu del autoritarismo con los procedimientos de la democracia representativa. Sin embargo él fue posteriormente aplicado en un contexto de normalización democrática por fuerzas formalmente críticas de esta herencia autoritaria. En efecto dicho sistema fue pensado para resguardar las transformaciones liberales del gobierno militar, pero terminó siendo aplicado y defendido por quienes hicieron suya la promesa teórica que auguraba que la estabilidad política y el crecimiento económico por sí solos provocarían el desarrollo democrático que Chile requería.

Dicho impulso pragmático no sólo se tradujo en la estrategia de no modificar lo que pudiese gatillar el desplome de este espejismo de estabilidad, sino también en la convicción de que nuestros partidos políticos eran lo suficiente maduros, patrióticos y responsables para poder definir y arbitrar los términos en los cuales debía conducirse la transición política.

El modelo funcionó de acuerdo a estos objetivos y nunca habrá consenso de si él fue el adecuado o no para nuestro complejo escenario de recuperación de la democracia. Quienes lo respaldan sostienen que él permitió limitar la conflictividad, garantizando los acuerdos y el carácter de “país modelo” que hoy Chile exhibiría en el mundo. Quienes lo critican sostienen que él frenó el ímpetu movilizador y democratizante que condujo a la derrota política de la dictadura, debilitando una sociedad civil que se transformó en espectadora de una realidad donde le resulta cada vez más difícil intervenir.  

Ponerse de acuerdo en torno a esto no será fácil; sin embargo cada vez son más los que reconocen que este modelo simplemente ya no sirve.

En rigor, él no sirve por muchos aspectos, pero uno de los más graves es que él ha terminado - también paradojalmente - desincentivando la ciudadanía.

Por ejemplo, quienes hoy están inscritos en los registros electorales forman un padrón cada vez más envejecido. La gran mayoría de los inscritos son quienes lo hicieron bajo el influjo heroico del fin de la dictadura. Muchos de ellos hoy están desencantados, escépticos,  y su motivación fundamental para votar es un comportamiento cívico casi residual.

Por el contrario, quienes no votan, no quieren comenzar a hacerlo. Sus motivos son profundos y diversos: no creen en la capacidad transformadora del voto, desconfían del sistema de representación, o simplemente creen que el involucramiento político y electoral es estéril.

En ambos casos – para los inscritos y los no inscritos – el sistema perdió legitimidad y atractivo. Más grave aún, él perdió su capacidad funcional de articular y procesar las demandas actuales de la sociedad chilena.

Por tal motivo, el cambio de nuestro sistema institucional es urgente. De no concretarse, las consecuencias para la convivencia democrática serán extremadamente negativas.  

La acumulación de frustración puede desencadenar un quiebre social y institucional muy profundo y entonces veinte años de pragmatismo no habrán tenido mucho sentido. Mientras eso suceda el sistema continuará privilegiando a los que tengan la posibilidad de organizarse y entonces las personas con menos capacidad de presión quedarán al margen de las decisiones.

Por ello, lo que  se requiere es un “nuevo contrato” que implique cambios en la arquitectura institucional que faciliten una relación más equilibrada entre el ciudadano y el Estado. Se requieren reformas que brinden más legitimidad al sistema y, en ese contexto, una nueva Constitución adoptada democráticamente es un aspecto fundamental.

Por otra parte, se requieren políticas públicas que apunten a la integración, al desarrollo del sentimiento de sentirse “parte de”, “protegido por”, “comprometido con” y “responsable de” una entidad distinta a la definida por los tradicionales vínculos de solidaridad que en nuestros días fundamentalmente se limitan al entorno familiar. Así, quienes hoy legítimamente exigen más derechos, debiesen, a la vez, reanimar un pacto de responsabilidades que ponga al ciudadano en el corazón de nuestros nuevos desafíos como país.


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