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¿Y los pobres sienten malestar?
17-06-2011

Marcel Thezá, académico del Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas, reflexiona sobre las características socioeconómicas de los últimos movimientos ciudadanos

Las últimas semanas han sido intensas en movilizaciones, paralizaciones, múltiples declaraciones y también toda suerte de fuertes recriminaciones. De esta forma, todos quienes se interesan en observar el comportamiento de la política en nuestro país, han tenido la posibilidad de ver un amplio despliegue de actores institucionales y sociales - y también de simples ciudadanos - intentando influir en que la agenda pública avance en una dirección o en otra.

En algunos casos la sociedad ha reprochado el tratamiento interesado, parcial y restrictivo de ciertos temas (es el caso, por ejemplo, de los proyectos energéticos en Aysén); en otros casos se ha reprochado el statu quo de políticas que por mucho tiempo parecen insuficientes en materia de equidad (es el caso de las políticas de educación), pero también se ha reprochado la omisión, en la llamada agenda pública, de temáticas de orden más cultural que han dejado de ser temas tabú en una sociedad más dispuesta a integrar plenamente la diferencia (es el caso, entre otros, del debate por las uniones civiles de carácter homosexual).

La intensidad de estas acciones pareciera no estar necesariamente ligada ni a los grupos que promueven los debates, ni menos aún a una eventual jerarquía o naturaleza de los temas. En rigor la agenda a la que hacemos mención es extremadamente diversa y todos los actores que la promueven son en cierto sentido víctimas de asimetrías profundas de poder que permiten que para algunos siempre sea más fácil – y para otros más difícil – expresar social y políticamente sus puntos de vista. Afirmemos, como un dato, que el crecimiento de las redes sociales está aún lejos de resolver este intenso desequilibrio. Opinar y lograr que esto tenga efectos políticos no opera igualitariamente en todos los casos.

Por lo tanto, es posible que la intensidad de la que hablamos se nutra más bien del fenómeno de malestar social que ha sido profusamente descrito en los últimos días como ese sentimiento de agobio de muchos ciudadanos que se sienten prisioneros de un sistema autorreferente que pareciese no escuchar, no incorporar, no atender y no reaccionar a los mensajes que la propia sociedad está lanzando. Este agobio se expresa  en una crítica a todo tipo de autoridades, pero también a la fragilidad e inoperancia de los canales institucionales de expresión y de participación.

Este malestar existe y él resume insatisfacciones profundas de sectores de la sociedad para quienes ya no es suficiente el disponer de más posibilidades de autonomía, mayor acceso al consumo y más bienestar relativo.

Ahora bien, si la observación es más detallada veremos que este malestar es expresado fundamentalmente por quienes tienen más posibilidades de manifestarse, ya sea en virtud de su experiencia personal, su formación o simplemente su mayor grado de civismo. Quienes protestan contra las instituciones, autoridades, partidos y/o coaliciones, lo hacen motivados por la convicción de que tanto a instituciones, autoridades, partidos y/o coaliciones, les corresponde funcionar y dar respuestas claras,  pertinentes y oportunas. La exigencia de una “democracia más participativa” implica una adhesión explícita al sistema democrático. Quienes protestan interpelan a la democracia y no piensan que el autoritarismo sea la forma de resolver los problemas; por el contrario critican lo que queda de él en la política chilena.  

Ahora bien, quienes pueden expresarse no son los pobres, los pobres hoy están obligados a vivir un presente totalizante que no les permite la manifestación de sus propios intereses, su involucramiento participativo, ni menos aún su adhesión a temas propios de una sociedad que ha variado sus líneas de debate. Para ellos reflexionar sobre los problemas de generación de electricidad en un plazo de diez años parece ser casi una excentricidad.

Es una paradoja, pero es claro que quienes están dispuestos a movilizarse son quienes tienen una convicción de futuro donde muy nítidamente los llamados “nuevos derechos” tienen una gran importancia. Sin embargo pareciese que los pobres, quienes condensaron y aglutinaron  simbólicamente las luchas de transformación de la sociedad por décadas, hoy no aparecen nítidamente en este juego estratégico de definición de la agenda pública. Lo anterior a pesar de que la posibilidad de gozar de los “derechos básicos” en nuestro país no es aún un tema resuelto.

Que los temas de la pobreza dura no estén en la agenda pública no es irrelevante; es una manifestación de la debilidad de los sectores más pobres para ser representados. Es una manifestación de que hay problemas con la red asociativa, de que hay problema con los partidos políticos, fundamentalmente con los partidos populares que hoy más bien están construyendo su discurso a través de las encuestas. Para muchos, los temas de pobreza dura parecieran estar mejor instalados en el espacio del asistencialismo y de la caridad  más que en el de la política.  

El propio sistema político se ha acostumbrado a escuchar la voz de los pobres a través de lo que se opina de ellos, pero no ha logrado descifrar lo que ellos no logran decir. De esta forma, los pobres se han ido quedando sin representación, lo que es inexcusable para una sociedad donde los desafíos de inclusión social son aún evidentes y vigentes.

Por último, nos queda la interrogante de cómo este fenómeno se agudizará cuando el voto voluntario aumente, como lo ha hecho en todas partes del mundo, la brecha entre ricos y pobres en los eventos electorales. 


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